«Es imprescindible buscar herramientas financieras que involucren al sector privado para financiar la conservación»

La conservación de la biodiversidad afronta un importante reto de financiación que no puede resolverse solo con fondos públicos. En el marco del proyecto LIFE Custodia, Fundación Global Nature trabaja para identificar y evaluar instrumentos financieros innovadores que involucren no solo a las administraciones públicas, sino también al sector privado y la sociedad civil. Hablamos con Eduardo de Miguel, director gerente de la entidad, sobre el papel de la custodia del territorio, las oportunidades para sectores estratégicos en España y los instrumentos financieros que pueden hacer viable la conservación a largo plazo.

La Fundación Global Nature es socia del proyecto LIFE Custodia y, en concreto, lleva a cabo un conjunto de acciones cuyo objetivo es identificar y evaluar instrumentos financieros innovadores para conservar la naturaleza a través de la custodia del territorio. ¿Por qué se necesitan este tipo de herramientas innovadoras de financiación?

En el marco estratégico actual de conservación de la biodiversidad, que se apoya en la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza o el Marco Mundial de Naciones Unidas para la Biodiversidad, se estima que, de aquí a 2030, será necesario movilizar cerca de 200.000 millones de euros para programas de conservación. En el caso de la Unión Europea, hablamos de una media anual de entre 19.000 y 20.000 millones de euros.

Evidentemente, estas cifras no pueden alcanzarse únicamente con presupuestos públicos, y menos aún en el contexto presupuestario actual de la Unión Europea, donde entran en juego nuevas prioridades como la defensa u otros objetivos de crecimiento económico. Por ello, es imprescindible buscar herramientas que involucren al sector privado, incentivarlo para que movilice recursos y fomentar una colaboración a tres bandas entre el sector público, el sector privado y el tercer sector.

¿Por qué la custodia del territorio es adecuada para canalizar inversión hacia la conservación y restauración de la naturaleza?

La custodia del territorio es fundamental porque implica un modelo de conservación público-privada en el que se moviliza directamente al propietario del territorio. Hay que tener en cuenta que en España la mayor parte de la biodiversidad se encuentra en terrenos privados. Por eso es fundamental trabajar con los propietarios a través de estas herramientas y mediante programas de colaboración que faciliten su implicación en la conservación.

¿Qué entendemos exactamente por “financiación innovadora” en conservación? ¿De qué herramientas estamos hablando?

Muchas veces, la financiación que llamamos innovadora no es tan nueva. Se trata de modelos que ya han sido probados en otros países o incluso en España, aunque quizá necesiten adaptarse mejor a nuestra realidad. Hablamos desde instrumentos más tradicionales, como la filantropía o el mecenazgo ambiental, y las ayudas dentro de las políticas de responsabilidad social corporativa, a herramientas más complejas y emergentes, como los bonos verdes o las líneas de inversión de aseguradoras. Estas últimas están desarrollando programas de conservación dentro de sus estrategias de prevención de riesgos. Es decir, hay un conjunto amplio de instrumentos que queremos analizar, trabajar y empezar a aplicar a través de proyectos piloto.

El sector privado tiene entonces un papel muy importante en este nuevo modelo de financiación. ¿Qué ventajas le reporta participar en iniciativas de custodia del territorio?

Por un lado, está la aplicación de las políticas ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) que muchas empresas están incorporando, especialmente para mejorar su reputación. Hoy en día, el riesgo reputacional es clave: si una empresa no actúa, puede quedarse fuera de determinados mercados. De hecho, algunas han perdido mercados enteros por problemas relacionados con impactos ambientales.

Además, existe un interés creciente en proteger el propio aprovisionamiento, trabajando en los territorios en los que te aprovisionas de materias primas. Esto ya forma parte de una estrategia económica empresarial. Y no podemos olvidar el riesgo que tienen las empresas en acceder a mercados financieros en este momento: cada vez más entidades bancarias exigen criterios ambientales a las empresas que solicitan financiación.

Por último, hay un aspecto que quiero tocar, el ético. Muchas empresas destinan fondos a estos fines por una convicción ética, incluso sin comunicarlo públicamente. Al final, las empresas están formadas por personas, y las personas tienen valores. En muchos casos, no se trata solo de imagen o de mercado, sino de una responsabilidad ética real.

Recientemente se ha publicado un informe con un análisis de las herramientas más adecuadas para financiar iniciativas de custodia. ¿Cómo se han identificado y definido estas herramientas? ¿Cuáles han sido los resultados?

El primer paso ha sido realizar un rastreo de ejemplos en Europa, en España y en el mundo anglosajón, que es donde estos instrumentos están más desarrollados y ya se aplican incluso a gran escala. A partir de ahí, se han agrupado las herramientas según distintos enfoques.

Por ejemplo, hay instrumentos orientados a generar ingresos directos para la conservación, como la venta de productos diferenciados según criterios de biodiversidad o el pago por el acceso a determinados espacios naturales con valor cultural, social o ambiental. Otro grupo corresponde a los pagos voluntarios, como el crowdfunding o las donaciones altruistas, incluyendo modelos cada vez más extendidos como el redondeo solidario en compras.

Uno de los grupos más relevantes es el basado en mercados y en el pago por servicios ecosistémicos, que actualmente estamos analizando con especial interés en España. Aquí entran, por ejemplo, las compensaciones por impactos derivados de proyectos de energías renovables, la compensación de la huella hídrica o los créditos de biodiversidad, aunque estos últimos aún no cuentan con un mercado ni una metodología globalmente establecida, como sí ocurre con los créditos de carbono.

También destacan las iniciativas impulsadas por aseguradoras. Hemos visto lo que ha ocurrido con la Dana, que ha ocasionado daños que han supuesto un gran coste para ellas. Ahora están empezando a invertir en programas de prevención de riesgos, como la restauración de zonas húmedas para reducir inundaciones o también la gestión sostenible de bosques para minimizar incendios. A ello se suman modelos emergentes como los bonos verdes y el trabajo de plataformas de fundaciones por el clima. En definitiva, se ha analizado el conjunto de instrumentos disponibles en el actual mercado ambiental, incluyendo experiencias fuera de Europa, en países como Australia o Sudáfrica.

¿Cuáles son los siguientes pasos del proyecto? ¿Cómo pueden participar entidades de custodia y empresas?

Dentro del paquete de acciones que coordina la Fundación Global Nature, tenemos previstos cerca de diez talleres con empresas y entidades de custodia del territorio para ponerlas en contacto en torno a estos instrumentos financieros. Serán talleres monográficos, centrados en temas como la huella hídrica o los créditos de biodiversidad, y otros más sectoriales, por ejemplo, dirigidos al sector turístico o al agroalimentario.

El objetivo es facilitar un “match” entre entidades de custodia y empresas para desarrollar proyectos reales y aplicados de conservación. No se pretende restaurar toda la biodiversidad de España o Europa con este proyecto, sino generar ejemplos piloto, faros demostrativos de lo que puede hacerse en los próximos años. Se busca alcanzar al menos 25 proyectos piloto sobre unas 5.000 hectáreas.

¿Podría contarnos algún ejemplo, en España o Europa, donde estas fórmulas innovadoras ya estén funcionando?

En Europa existen ejemplos consolidados desde hace años, como el Biodiversity Net Gain en el Reino Unido o los mercados de hábitats y créditos de biodiversidad en Alemania. En España aún no hemos avanzado tanto en este ámbito. Estamos trabajando en métricas de biodiversidad, pero existen actualmente unas 60 metodologías distintas a nivel global, lo que dificulta la consolidación de un mercado único.

Aun así, las empresas están interesadas en contar con métricas para aplicar estos proyectos. En la Fundación Global Nature tenemos experiencias en agricultura regenerativa, como las desarrolladas con empresas agroalimentarias como Nestlé, donde se mide la ganancia neta de biodiversidad. También hay proyectos de compensación de huella hídrica, con ejemplos como Heineken o Microsoft, que invierte en la restauración de humedales para compensar el impacto de sus centros de datos.

Otro ámbito importante es el de las energías renovables. La implantación de parques fotovoltaicos y eólicos está generando importantes transformaciones del paisaje, que conllevan medidas compensatorias. Muchas de ellas se están canalizando a través de entidades de conservación, buscando no solo compensar impactos, sino generar un impacto neto positivo. Además, ya existen proyectos de créditos de carbono forestales certificados, como el proyecto Motor Verde en Asturias.

¿Cuáles son las oportunidades más prometedoras para España y qué resultados espera alcanzar la Fundación Global Nature en el marco del LIFE Custodia?

Para identificar oportunidades, lo primero es analizar los sectores más dinámicos de la economía española. En nuestro caso, destacan claramente el sector agroalimentario y el turístico. España es el principal exportador agroalimentario de Europa y una de las mayores potencias turísticas del mundo, con cifras que rondan los 100 millones de visitantes anuales.

Ambos sectores están muy preocupados por sus impactos en biodiversidad y recursos hídricos, así como por el riesgo reputacional asociado. A ellos se suma el sector de las energías renovables, donde España también es una potencia europea. La transición energética requiere modelos de compensación que no solo busquen el impacto cero, sino un impacto positivo.

Además, algunas comunidades autónomas ya están incorporando a las entidades de custodia como actores clave en la aplicación de medidas compensatorias, como ocurre en Madrid o Castilla-La Mancha. En conjunto, estos tres sectores ofrecen una oportunidad clara para que el sector empresarial y el tercer sector trabajen de forma coordinada en la implementación de estos modelos.